Sentencia A. 2011/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2011/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Procesos derivados de la responsabilidad médica cuando de la acción u omisión de la entidad estatal se derive, al menos, una concausa eficiente del daño

 

FUERO DE ATRACCIÓN-Aplicación en asuntos donde concomitantemente figuren como demandadas personas de derecho privado y público

 

FUERO DE ATRACCIÓN-Alcance para alterar la competencia de la jurisdicción ordinaria

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 

AUTO 2011 DE 2024

 

 

Referencia: expediente CJU-6115

                           

Asunto: conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado por el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín y el Juzgado 002 Civil del Circuito de Bello-Antioquia

 

Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

 

 

Bogotá D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

 

AUTO

 

 

I.       ANTECEDENTES

 

1.       Hechos. Alba Lucía Patiño y otros presentaron el medio de control de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa- Policía Nacional- Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá y la Clínica Especializada Emmsa, para que se reconozcan y paguen los “perjuicios de daños morales, materiales de daño emergente y lucro cesante, psicológicos, causados a los accionantes como consecuencia de la muerte del señor CARLOS ALBERTO ECHEVERRI PALACIO (Q.E.P.D.)”[1].

 

2.       Las pretensiones se fundan en las supuestas deficiencias en el servicio de salud prestado al señor Carlos Alberto Echeverri Palacio (Q.E.P.D.), a quien le fue realizada el 4 de junio de 2021, en la Clínica Especializada Emmsa, una cirugía cardiovascular a corazón abierto y a partir de la cual tuvo controles regulares hasta el 6 de abril de 2022. En esta última cita le fue ordenado el siguiente control en tres meses. No obstante, los demandantes no lograron agendar la cita de control para el señor Carlos Alberto Echeverri Palacio (Q.E.P.D.) por falta de disponibilidad de agendamiento, conforme a lo informado por la Clínica Especializada Emmsa.

 

3.       En esa medida, los demandantes adujeron que transcurrieron tres meses después de la fecha en la que el señor Echeverri Palacio debió tener el control sin que le agendara el mismo, por lo que no solo no tuvo revisión por parte de su médico tratante, sino que tampoco tuvo acceso a los medicamentos que requería para su patología, pues en los controles se le ordenaba nuevamente la entrega de los mismos, dado que eran prescritos para un periodo no superior a tres meses.

 

4.       El 24 de agosto de 2022, el señor Carlos Alberto Echeverri Palacio (Q.E.P.D.) ingresó al sistema de urgencias del Hospital San Juan de Dios de Abejorral de Antioquia, desde el cual fue remitido a la Clínica Especializada Emmsa dado el antecedente de su cirugía de corazón abierto. El 30 de agosto de 2022, el señor Echeverri Palacio ingresó a cirugía dada la desmejora en su estado de salud, procedimiento durante el cual falleció. Así pues, de los hechos de la demanda, se advierte que el reproche jurídico está encaminado a que se declare la responsabilidad de las demandas por la no asignación oportuna de la cita de control por cardiología que requería el señor Echeverri Palacio, situación que fue la eventual causa del deceso.

 

5.       El Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín declaró su falta de competencia[2]. El proceso fue asignado al juzgado de la referencia, el cual, mediante Auto del 8 de julio de 2024 declaró su falta de competencia y remitió la demanda a los juzgados civiles del circuito de Bello-Antioquia (reparto). Fundó su decisión en las consideraciones del Auto 646 de 2021 de esta Corte. En criterio de este juzgador, prima facie no se advirtió ningún hecho, actuación u omisión del cual se pudiera derivar algún tipo de responsabilidad en cabeza de la Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional, pues solamente se involucraban actuaciones desplegadas exclusivamente por la Clínica Especializada Emmsa, entidad particular.

 

6.       El juzgado en comento manifestó que la Policía Nacional- Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá fue la aseguradora del señor Echeverri Palacio, por lo que cumplió con sus funciones al remitirlo a la Clínica Especializada Emmsa y autorizarle siempre de forma oportuna sus citas y procedimientos médicos. Por esto, precisó que la no asignación de la cita por cardiología, potencial causa del deceso, se imputa a la Clínica Especializada Emmsa. Además, el juzgado en referencia aseguró que del material probatorio aportado con la demanda no se avizoraba tampoco una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública hubiera tenido participación por acción o por omisión en la configuración del hecho dañoso.

 

7.       El Juzgado 002 Civil del Circuito de Bello -Antioquia declaró su falta de competencia.[3] En Auto del 13 de noviembre de 2024, esta autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, planteó conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado. Refirió que el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín de forma “apresurada y anticipándose a todo tipo de juicio (…) [hizo] un ejercicio extensivo de interpretación, para “absolver” anticipadamente a la entidad pública demandada con el fin de excluirla del litigio, desconociendo que en el presente caso, a diferencia de los tomados como referencia, la entidad demandada es la aseguradora en salud de la persona fallecida, por la que se reclama la responsabilidad médica, y su vinculación al proceso tiene fundamento en ello”[4].

 

8.       En este sentido, el Juzgador examinó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en el Auto 300 de 2024 para determinar la competencia en casos de responsabilidad médica. Concluyó que el criterio orgánico se cumplía, ya que la demanda incluía a una entidad pública, lo que hacía competente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En lo que refiere al fuero de atracción, señaló que (i) los hechos y la causa del fundamento de la responsabilidad eran comunes a la entidad pública y a la privada, dado que el fallecido estaba afiliado al sistema de salud de la Policía Nacional, y la Clínica Especializada Emmsa, contratada para prestar los servicios de salud, no programó oportunamente la cita de control por cardiología, lo que derivó en su muerte, (ii) indicó que de los hechos, pruebas y pretensiones se advertía la existencia de una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública fuera condenada, dado que tenía la obligación de prestar los servicios de salud al fallecido y (iii) precisó que se imputó el daño antijurídico a la entidad estatal por ser la aseguradora de los servicios en salud del señor Echeverri Palacio, lo que se encontraba especificado en los hechos 23 y 26 de la demanda.

 

9.       De esta manera, el Juzgador encontró cumplidos los presupuestos para que la demanda fuera conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues, en su criterio, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional Clínica de La Policía Regional Valle del Aburrá eran responsables de garantizar la atención en salud de los afiliados al sistema de salud, atribuyéndole la puesta en riesgo del señor Echeverri al prestar el servicio a través de la Clínica Especializada Emmsa.

 

10.             El 15 de noviembre de 2024, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional[5]. Mediante sesión virtual del 22 de noviembre de 2024 fue repartido al despacho encargado y la remisión para la sustanciación se realizó el 25 de noviembre siguiente[6].

 

 

II.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

2.1.          Competencia

 

11.             De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[7], la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

2.2.          Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones. Reiteración Auto 155 de 2019

 

12.             Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[8]. En Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones, respectivamente: subjetivo, objetivo y normativo[9]. La Sala observa que se cumplen los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Esto, ya que dos autoridades de jurisdicciones distintas declararon su falta de competencia para conocer el proceso, existe una causa judicial que suscitó la controversia y ambas autoridades judiciales citaron disposiciones normativas para sustentar su falta de competencia[10].

 

 

2.3.          Reglas de competencia para conocer procesos de responsabilidad médica. Reiteración Auto 646 de 2021

 

13.             En el Auto 646 de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que la competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica se determina a partir de los siguientes criterios o factores de competencia: (i) el criterio orgánico, en virtud del cual la competencia será de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil si la entidad demandada es privada o de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo si la entidad es pública; y (ii) el fuero de atracción o factor de conexidad, a partir del cual la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se extiende a personas de derecho privado, cuando estas son demandadas de forma concomitante con entidades públicas.

 

14.             En adición, en el Auto 201 de 2022, la Corte se refirió a los anteriores factores y precisó que la competencia se determina también por el factor objetivo; según el cual, en aplicación de la cláusula general o residual de competencia prevista en el artículo 15 del CGP, “la competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, será de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, si el asunto no es de conocimiento de la justicia contencioso administrativa”.

 

15.             Regla de decisión: Reiteración del Auto 646 de 2021. “Cuando una demanda se dirija, de forma concomitante, contra personas de derecho privado y público se aplicará el fuero de atracción y, en consecuencia, se reconocerá competencia a la jurisdicción contencioso administrativa, únicamente, en los eventos donde, a partir de un análisis conjunto de los hechos, las pretensiones y las pruebas que obren en el expediente, logre advertirse que: (a) es posible inferir razonablemente la existencia de una probabilidad mínimamente seria de que las entidades públicas sean condenadas; (b) el demandante imputó acciones u omisiones por parte de entes públicos y particulares, con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos; y, (c) los hechos que dieron origen a la demanda sean los mismos, de modo que, se pueda evidenciar que los dos sujetos, eventualmente, contribuyeron con su conducta a generar el resultado, y esta es la concausa eficiente del daño que se reclama o que fundamenta la responsabilidad solidaria”[11].

 

 

2.4.          Régimen especial de seguridad social en salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional

 

16.             El Legislador excluyó del Sistema Integral de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y determinó que sus prestaciones sociales serían reconocidas por un sistema especial[12]. En ese sentido, expidió la Ley 352 de 1997 que reestructuró el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Dicho sistema fue posteriormente modificado por el Decreto 1795 de 2000. Como dependencia encargada de administrar el Subsistema de Salud de la Policía Nacional, el artículo 18 del mencionado Decreto establece a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

 

17.             Conforme al artículo 21 del Decreto 1795, los establecimientos de sanidad policial hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional y tienen por objeto la prestación de los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios del Subsistema, como dependencias de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para garantizar la continuidad e integralidad de los servicios. No obstante, el servicio también puede ser prestado a través de instituciones prestadoras de servicios de salud y profesionales contratados para ello, de conformidad con el artículo 19 literal n) del Decreto en comento. En este sentido, en el literal f) del mismo artículo se establece que le corresponde a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional “[e]valuar sistemáticamente la calidad, eficiencia y equidad de los servicios directos y contratados, prestados por el Subsistema”.

 

18.             Ahora bien, en el artículo 27 del Decreto 1795 de 2000 se señala que el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policía es un instrumento encaminado a la protección integral de los afiliados y los beneficiarios en la enfermedad y maternidad, en sus fases de promoción y fomento en salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación respecto de todas las patologías, según la intensidad de su uso y los niveles de atención y complejidad que se definan. Y, en relación con los principios orientadores para la prestación del servicio de salud en dicho Sistema, el artículo 6 del mentado Decreto menciona los de calidad, protección integral y el de unidad.

 

19.             En concordancia con lo anterior, en la Sentencia T-320 de 2013 esta Corporación señaló, en relación con el artículo 2 de la Ley 352 de 1991 según el cual “[e]l objetivo del SSMP es prestar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios y el servicio de sanidad inherentes a las operaciones militares y policiales”, que la cobertura del sistema de salud de la Policía Nacional responde a la necesidad de proporcionar “ una atención integral en salud a sus usuarios, cumpliendo así con el mandato constitucional que indica que este servicio debe ser universal y progresivo”[13].

 

2.5.          Caso concreto

 

20.             La Sala Plena de esta Corporación dirime el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, en el sentido de determinar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer del medio de control promovido por Alba Lucía Patiño y otros en contra de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional – Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá y la Clínica Especializada Emmsa, conforme el siguiente análisis:

 

 

21.              En conclusión, los criterios de orientadores del fuero de atracción se acreditan respecto a las entidades públicas Nación– Policía Nacional – Clínica de la Policía Regional Valle del Aburrá y respecto a la entidad particular Clínica Especializada Emmsa. En consecuencia, el caso encaja en la descripción de la regla de decisión del Auto 646 de 2021. Eso quiere decir que el conocimiento del asunto corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

 

22.             Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala Plena remitirá el expediente de CJU-6115 al Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados. En todo caso, esta Corporación deja en cabeza del juez natural la facultad de tomar las decisiones procesales pertinentes respecto a la demandada Nación-Ministerio de Defensa que no cumplió con los criterios de aplicación del fuero de atracción, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional no tiene competencia para adoptarlas.

 

 

III.   DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín y el Juzgado 002 Civil del Circuito de Bello-Antioquia, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín es la autoridad competente para conocer del proceso judicial de la referencia.

 

SEGUNDO. Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente CJU-6115 al Juzgado 030 Administrativo del Circuito de Medellín para que adelante las funciones de su competencia, y para que comunique lo pertinente a los interesados.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

---